El Gobierno de Sudáfrica recurrirá al apoyo del Ejército para contener el avance de la minería clandestina y la violencia de pandillas que golpea a varias comunidades del país. Así lo anunció el presidente Cyril Ramaphosa durante su Discurso sobre el Estado de la Nación, en el que describió al crimen organizado como la amenaza más urgente para la democracia y el desarrollo económico nacional.

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La intervención se concentrará en las provincias de Cabo Occidental y Gauteng, donde se asientan Ciudad del Cabo y Johannesburgo, respectivamente. Ramaphosa explicó que instruyó a la Policía y a la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) a coordinar un plan técnico de despliegue para respaldar las operaciones de seguridad.

Según señaló, en el Cabo Occidental los enfrentamientos entre bandas armadas exponen a niños y jóvenes a constantes tiroteos, mientras que en Gauteng la actividad de mineros ilegales ha forzado a residentes a abandonar sus hogares. “Los niños aquí en el Cabo Occidental quedan atrapados en el fuego cruzado de las guerras de pandillas. En Gauteng, los mineros ilegales expulsan a la gente de sus hogares”, afirmó.

El problema de la minería ilegal se arrastra desde hace años. Las autoridades estiman que más de 6.000 minas abandonadas o cerradas han sido invadidas por grupos conocidos como “zama zamas”, a los que vinculan con redes criminales armadas. Solo en 2024, las pérdidas por comercio ilícito de oro superaron los 3.000 millones de dólares.

El jefe de Estado también advirtió sobre el impacto del comercio ilícito y la circulación de productos falsificados en la economía local. Para contrarrestar ese fenómeno, el Ejecutivo pondrá en marcha un programa nacional orientado a desmantelar la economía ilegal mediante la cooperación entre distintas agencias estatales y el sector privado, apoyado en herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para vigilar sectores sensibles como el tabaco, el combustible y el alcohol.

Con un promedio cercano a 63 homicidios diarios en 2025, Sudáfrica figura entre los países con mayores índices de violencia letal a escala global. Muchos de estos delitos se cometen con armas obtenidas de manera ilegal, pese a la estricta normativa que regula su posesión.

Además de estas, el Presidente sudafricano estableció otros objetivos políticos clave y resultados para el año venidero, entre ellos acelerar el crecimiento económico y la inversión, el avance de las reformas energéticas y de infraestructura, la expansión de los programas de creación de empleo y gestionar el déficit de agua que enfrenta la nación.

En el plano internacional, Ramaphosa destacó el papel de su país dentro de la Unión Africana y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para promover la estabilidad regional y respaldar prioridades económicas internas como la industrialización y el aumento de exportaciones. Asimismo, reiteró el compromiso sudafricano con los principios defendidos en el G20, centrados en la equidad y la sostenibilidad.

El Presidente subrayó además la importancia de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), iniciativa que busca ampliar el comercio intrarregional y generar empleo en un mercado de 1.400 millones de personas, donde empresas sudafricanas aspiran a desempeñar un papel relevante.

Como parte de la estrategia de seguridad, el Gobierno prevé incorporar 5.500 nuevos agentes policiales y reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad. Paralelamente, continúa la labor de una comisión que investiga denuncias de corrupción, injerencia política e infiltración criminal en el sistema de justicia penal, creada tras la indignación pública generada por acusaciones de alto nivel sobre la penetración de redes delictivas en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

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